Con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el Acuerdo de Escazú. Se trata del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
El texto aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambiental, desde una perspectiva regional. Se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia.
En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa.
De igual modo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales. Particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.
También presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En tal plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.
Además, dispone que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
El acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de once de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a doce Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
