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Miércoles, Diciembre 7, 2022
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Nueva Constitución y Medio Ambiente

Por María Eliana Vega Fernández, Bióloga Marina y  Especialista en Gestión Ambiental

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio del Medio Ambiente, Chile alberga alrededor de 34.000 especies de flora, fauna y hongos, presentando un alto endemismo (casi el 25% de las especies nativas son endémicas), concentrándose principalmente en la zona centro sur del país, lo que la hace ser catalogada dentro de uno de los 35 Hotspots mundiales, entendiéndose por esto último, un territorio con una importante concentración de biodiversidad. Sin embargo, esta y su hábitat se han visto alterada y con una pérdida significativa  a consecuencia de la sobreexplotación pesquera, silvicultura intensiva, cambio climático, acuicultura, minería,  incendios forestales, contaminación de agua, aire y suelo, sequías, desertificación, cambio de uso del suelo para agricultura, ganadería y proyectos de urbanización, entre otros.

Adicionado a lo anterior, la clasificación de ecosistemas terrestres utilizada en el país, da cuenta de la existencia de un total de 127 ecosistemas, de los cuales, el 50% se encontrarían amenazados, dentro de las categorías de peligro crítico, en peligro y vulnerables, concentrándose su ubicación principalmente en la zona central y sur del país, lo que es  de suma preocupación, ya que los ecosistemas proporcionan al ser humano bienestar y subsistencia a través de diversos servicios del tipo, económico, de suministro (agua, madera, frutos, etc.), cultural, entre otros. 

Creo que lo expresado, no es desconocido para nadie, pero, a pesar de realizarse acciones concretas, como la firma de múltiples tratados internacionales, crear el Ministerio el Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales y Servicios públicos con competencia ambiental, que poseen, dependiendo de su función, facultades para crear políticas, planes, programas, normativas, fiscalizar, sancionar y educar en materia medioambiental, pareciese que esto no es suficiente,  ya que los hechos nos muestran una inequidad en la distribución de recursos básicos para la subsistencia como por ejemplo el agua, la pérdida de entornos naturales, disminución del número de especies e individuos de flora y fauna, pérdida de ecosistemas por el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales, incluso la recuperación de especies emblemáticas que debiesen ser una de nuestras prioridades, vemos como insuficientes las acciones realizadas para su restauración y/o conservación, como es el caso del Ruil, Nothofagus Alessandri, árbol que se encuentra exclusivamente en la zona costera de las provincias de Talca y Cauquenes, en la  región del Maule, que sufrió a causa de los incendios forestales del año 2017 la pérdida de un 50 %  de su superficie, quedando solo alrededor de 180 hectareas de bosque, siendo la meta establecida por el Ministerio del Medio Ambiente, a 20 años, de recuperar al menos el 50% de las áreas quemadas. 

Las problemáticas son múltiples y la ciudadanía ve con preocupación y a la vez exige soluciones en materia ambiental, teniendo la esperanza de lograr ese equilibrio entre lo económico, social y ambiental, que nos permita vivir de manera sostenible, a través de los lineamientos mandatados por una nueva Constitución. Y hemos llegado a la instancia donde después de 10 meses de reuniones, audiencias, propuestas y un trabajo no exento de polémicas, la “Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico”, llega a conformar 44 artículos que son parte del borrador de esta nueva Constitución, la que indica como Principios Constitucionales: que la naturaleza tiene derechos y que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos; quien dañe el medio ambiente tendrá el deber de repararlo, y es deber del Estado la conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos.

Los principales temas indicados en el borrador de la nueva Constitución, son en materias de: Crisis climática y ecológica; los derechos de la Naturaleza; la gestión de residuos; los animales; los principios para la protección de la Naturaleza y el medio ambiente; democracia ambiental; protección y uso de las aguas; protección de los glaciares; protección y cuidado de la Antártica; los humedales, bosques nativos y suelos; las Áreas Protegidas; asegurar la soberanía y seguridad alimentaria;  intercambio de semillas tradicionales; acceso equitativo y no discriminatorio a la energía; actividad minera; garantizar el acceso a la justicia ambiental; derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; derecho al aire limpio, y garantizar la educación ambiental.

Me pregunto, si será suficiente con lo plasmado en estos artículos de la nueva Constitución para por fin caminar hacia la sostenibilidad ambiental o pasará como con los Servicios ya creados o con los tratados y acuerdos firmados, que no alcanzan para resolver toda la problemática ambiental existente, o con lo señalado en la actual Constitución “art 19. 8° El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”, que tampoco se ha cumplido a cabalidad, pero, de aprobarse la nueva Constitución,  se tendrán que crear nuevas leyes o modificar otras, como la Ley 19.300, ya que, de acuerdo a lo planteado en el artículo 326 del borrador, quedarán excluidos de toda actividad minera las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la Ley, lo que implicaría también un cambio en el reglamento de la Ley, ya que en este se señala que actualmente pueden  someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental las actividades a realizarse en áreas protegidas. 

Por otra parte, lo señalado en el artículo 319, será un incentivo o más bien una obligación para apurar la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas, que lleva más de 10 años de tramitación y que tendrá a su cargo la administración y supervisión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, lo que sin duda será una muy buena y esperanzadora noticia para el medio ambiente.

Queda aún la instancia de votar el 4 de septiembre esta nueva Constitución, la que nos plantea el anhelo de poder vivir y convivir en un país más justo, equitativo, equilibrado y sostenible en materia ambiental.

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