La vocera del máximo tribunal del país, Ángela Vivanco, entregó al Ejecutivo la quina con los nombres, entre los cuales uno deberá ser elegido y ratificado por el Senado para convertirse en jefe del Ministerio Público.
La Corte Suprema realizó la audiencia pública de presentación de los postulantes para ser el próximo Fiscal Nacional durante la jornada del lunes. Cada candidato tuvo 10 minutos para exponer sus principales propuestas para el Ministerio Público, que serían implementadas en los próximos ocho años, tiempo que dura el cargo.
Tras la votación, finalmente los nombres que integran la quina definitiva son: el fiscal centro norte, José Morales Opazo; el abogado Ángel Valencia Vásquez; la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera Seguel; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra; y el abogado Rodrigo Ríos Álvarez.
Durante sus exposiciones los candidatos entregaron detalles de sus proyectos, todos orientados a enfrentar problemáticas como la falta seguridad y el combate a la delincuencia, tópicos que generan discusión y concentran la mayor preocupación por parte de la ciudadanía.
Los cinco seleccionados
José Morales Opazo obtuvo 17 votos del pleno de la Corte Suprema. En su presentación declaró: “Desde el año 2010 a la fecha, el delito de homicidio casi se ha duplicado. El homicidio con imputado desconocido prácticamente se ha cuadruplicado, incrementándose además considerablemente el uso de armas de fuego. Esto indica sin duda la llegada del crimen organizado a nuestro país, sin que el Ministerio Público haya sido capaz de anticiparse a este fenómeno”.
Al igual que Morales, Ángel Valencia Vásquez obtuvo 17 votos. Sus palabras mientras exponía fueron: “Resulta necesario crear una fuerza antidrogas y contra el crimen organizado de carácter supra regional, que empiece a actuar a través de las facultades que entrega la ley orgánica al señor fiscal nacional. Las amenazas y atentados contra jueces, fiscales, autoridades municipales y del gobierno central, parlamentarios, policías, bomberos, atentan contra el sistema democrático y el estado de derecho”.
La única mujer en la quina, la abogada Marta Herrera Seguel, consiguió 9 votos. Su declaración frente al máximo tribunal del país fue: “Sin duda la principal demanda y preocupación ciudadana al día de hoy está constituida por encerronas, portonazos y otros delitos contra la propiedad. Debemos enfrentarlos fortaleciendo la función de análisis criminal, trabajando sobre el fenómeno con una mirada de mercado delictual. Debemos despersonalizar las investigaciones y hacer carne de una vez eso de ser una sola fiscalía”.
Carlos Palma Guerra es el actual fiscal regional de Aysén, el único seleccionado que trabaja en regiones. El abogado consiguió 7 votos y sobre sus intenciones para la Fiscalía Nacional expresó: “El 55% de las causas del Ministerio Público, se archivan, y en la Región Metropolitana el 69% de las causas se archivan. Esto quiere decir que 7 de cada 10 casos no siguen adelante. La judicialización en la Región Metropolitana alcanza a un 27%. La razón de ser del ministerio público debe ser la persecución penal. Debemos hacer de la Fiscalía un organismo clave en el trabajo mancomunado con las otras instituciones; hacer de la fiscalía una institución inserta en la comunidad, más humana, más empática, y evolucionar a un modelo de gestión basado en la confianza”.
El último integrante de la quina es Rodrigo Ríos Álvarez, con 3 votos. Su presentación estuvo enfocada en los delitos contra la propiedad y los ataques cibernéticos a instituciones del Estado. “Voy a proponer la creación de una unidad nacional de combate contra el crimen organizado que tendrá su sede en la fiscalía nacional. Requerimos utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, así como también el aprendizaje automático de datos”, expresó el abogado.
Finalmente, la decisión la tiene el Presidente de la República Gabriel Boric que, en un plazo de diez días, deberá elegir a uno de los cinco candidatos que seleccionó la Corte Suprema. Posteriormente, en el mismo lapso, ese nombre deberá exponer frente al Senado, el cual debe ratificar su nombramiento, con un consenso de dos tercios, según lo señalado en la Ley 19640.
