Diego Palomo es columnista de El Centro, abogado, Doctor en Derecho Procesal y académico de la Universidad de Talca. En esta ocasión el experto analiza los factores del nombramiento de un nuevo Fiscal Nacional, luego de que, en primera instancia, el Senado rechazó la propuesta del Presidente Boric.
No es un misterio que desde hace unos años Chile ha visto como el respeto por las Instituciones de la República ha decrecido de manera importante y constante, siendo uno de los factores (no el único desde luego) el aumento de los niveles de la incidencia de la desconexión con la realidad por las mismas.
Muestra o expresión palmaria de esta situación se manifestó a propósito del llamado popularmente como el “estallido social”, con todas las consecuencias que aparejó y que derivaron en un acuerdo por una nueva Constitución que por razones que ya hemos podido comentar (ligadas a un maximalismo casi juvenil) terminó siendo una propuesta fallida. Ahora ya se cuenta con un acuerdo 2.0 que no nos atrevemos a valorar tan tempranamente en cuanto a sus posibilidades de éxito.
Los Poderes del Estado no estuvieron ni están ajenos a esta crítica y desconfianza creciente de la ciudadanía, especialmente aquéllos en donde los políticos cumplen un rol protagonista. Por ello deben ser especialmente conscientes del momento que vive el país y de ese modo sumar y no restar al desafío de recuperación de la imagen y credibilidad de las instituciones.
Pues bien, el nombramiento de nuevo Fiscal Nacional ha mostrado situaciones que no aportan en la dirección correcta. El importante grado de opacidad del proceso, el desaprovechamiento de la oportunidad para ganar en transparencia dentro de las reglas constitucionales ya establecidas, el cálculo político pequeño, el menosprecio o minusvaloración del criterio técnico que debiese primar en este tipo de decisiones tan importantes para una cuestión tan relevante para el país, han allanado el camino – de modo inédito – para concretar lo que fue el primer rechazo en la historia del Ministerio Público de la propuesta del Ejecutivo por parte del Senado. Me refiero al caso del fiscal José Morales.
Hace un par de días hemos tomado conocimiento de la nueva propuesta para Fiscal Nacional, Marta Herrera. Pero junto con ello, y bastaron solo un par de horas, y por lo que se ha adelantado por varios senadores o bancadas, quedó en evidencia que no había existido un proceso de diálogo sincero y adecuado entre los representantes de ambos Poderes para destrabar esta cuestión, evitando de este modo poner en entredicho, otra vez, la imagen de las instituciones. Al momento de escribir estas líneas todo indica que esta segunda propuesta también será rechazada por el Senado, donde la candidata parte, paradójicamente, con menos votos asegurados en su momento por José Morales.
Desde luego que el Comité Político de la Moneda ha debido estar ocupado y preocupado por este tema. Lo propio respecto de la ministra Marcela Ríos, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por ello no se comprende bien una segunda propuesta como ésta, que en estos niveles no debiese ser sorpresa que no contaba con los apoyos o respaldos suficientes. Si alguien pensara mal, podría pensar que se ha enviado una segunda candidata al sacrificio. Pero las preguntas que surgen es para que? con que finalidad?. No tenemos las respuestas, pero sí la preocupación por la imagen que están mostrando a la ciudadanía las instituciones.
Esperamos que el nombramiento del nuevo Fiscal Nacional se zanje adecuadamente, con prudencia, pero con un criterio técnico, buscando la mejor alternativa para encabezar el Ministerio Público por los próximos ocho años.
