El día miércoles fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras que sus detractores argumentan que podría traer coletazos.
Luego de 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, La Ley Naín 2.0 fue despachada al Senado en un momento crítico de la seguridad policial y nacional. Esta busca brindarles las atribuciones necesarias a los funcionarios policiales para legitimar su defensa en caso de que vean su integridad física amenazada en un contexto de trabajo.
Por otra parte, también busca elevar las penas a quienes atenten contra sus vidas, llegando incluso a presidio perpetuo calificado, con la imposibilidad de acceder a un beneficio carcelario o pena sustitutiva.
El uso de la fuerza es cuestionado por algunos partidos políticos y sectores de la población chilena, sobre todo considerando la complejidad de algunos artículos del boletín. Por ejemplo, en la explicación de la legítima defensa privilegiada, se entiende que esta aplicaría la presunción automática de la racionalidad de un funcionario, en casos donde su vida se vea comprometida, tales como:
I- El funcionario u otra víctima del procedimiento sufre ve amenazada su vida debido a la presencia de armas lesivas.
II- El funcionario está siendo atacado por una gran multitud de personas.
III- El funcionario trata de impedir un delito con alta penalidad dentro del marco de la ley.
Con estos antecedentes, miembros del Frente Amplio y el Partido Comunista argumentan que el uso de la fuerza no está reglamentado a cabalidad dentro de la ley.
